Podemos observar la inexistencia de leyes que podrían dejar a este tipo de personas lejos del poder. Habría que realizar una iniciativa de ley o reforma acerca de quienes y cómo los candidatos a puestos de gobierno, pueden ejercer el legítimo derecho de ser Gobernadores, Ediles, Jefes de Gobierno etc. Aquellas personas que tengan familiares con nexos o vínculos con el crimen organizado, deben de ser investigados (aunque esto viole el derecho a la privacidad), antes de que ejerzan algún poder, porque por lo que podemos ver, el caso de Ayotzinapa, son las secuelas de una familia que llega al poder con medios fraudulentos y corruptos. Si alguien defiende el derecho a la privacidad, es decir que ¿Alguien prefiere que suceda la desaparición de las 43 personas (o más) antes que investigar los antecedentes de éstos para asegurar la vida de sus ciudadanos?. El que nada debe o esconde, nada debería de temer.
Cada día nos encontramos con más y más casos de policías que son detenidos por policías -vaya ironía- en cuestiones de secuestro y, Guerrero, no es la excepción. El gobierno de Iguala, Guerrero, adquirió elementos y patrullas policíacas durante el mandato de José Luis Abarca, mismas que fueron las que se llevaron a los 43 jóvenes en compañía de los denominados «Guerreros Unidos», grupo que actuó bajo la protección del poder municipal.
Es una pena que exista tanto caos y desastre, una pena que veamos que realmente no gobierna el Estado para intereses de sus ciudadanos. Con gran deseo se espera que Guerrero vuelva a retomar el control, seguridad, cuidado, bienestar de todos sus habitantes.
http://aristeguinoticias.com/0810/mexico/la-historia-de-un-narcoalcalde-en-iguala-guerrero/
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